Qué cambia

  • La propuesta exige reformar la ley para asegurar que la cita previa no sea un requisito obligatorio para relacionarse con las Administraciones públicas.
  • El Instituto Nacional de la Seguridad Social deberá presentar antes del 31 de diciembre de 2026 un informe detallado sobre la gestión de sus citas.
  • Se reclama potenciar el canal telefónico con sistemas de identificación fehaciente para que permita realizar trámites íntegros, incluida la solicitud de prestaciones.